Gabriela Páez

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Regulación Redes Sociales: ¿bajo control o controlando?

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En un panorama donde el internet y las nuevas plataformas cobran cada vez más poder, ¿es suficiente la regulación actual para limitarles?

Tendencias y campañas digitales, educación online, teletrabajo, e-commerce… La lista de los temas digitales que están presentes en las conversaciones cotidianas es ahora más larga que en cualquier otro momento de la historia. Ciertamente, como leemos a diario en la prensa y redes sociales, el 2020 aceleró de manera notable los procesos de transformación digital de todos los sectores.

Como resultado, tanto en el ámbito público como en el privado, las instituciones y empresas se vieron obligados a desarrollar sobre la marcha mecanismos que pudieran atender las necesidades vigentes de la sociedad: clases a través de ordenadores, compras por aplicaciones, oficinas sustituidas por videoconferencias, trámites administrativos sólo disponibles en páginas web, candidatos haciendo campañas principalmente por medios digitales, votaciones generales por correo o con medidas especiales; y así, el listado de cambios que tomaron por sorpresa a una cantidad importante de gobiernos continúa.

No obstante, aunque indudablemente el COVID-19 ha impactado de manera negativa a muchos sectores, también es importante reconocer que éste ha logrado poner sobre la mesa problemas que quizás tenían mucho tiempo pasando desapercibidos. Uno de ellos, sin duda, es el debate público sobre las regulaciones que abarcan a las plataformas y redes sociales, específicamente en cuanto a gestión de gobierno y campañas electorales.

¿Nuevo o viejo problema?

Pese a que desde hace años activistas y organizaciones hacían llamados de atención a los organismos pertinentes, la conversación sobre las limitaciones del internet y las grandes compañías tecnológicas comenzó a resonar con fuerza (igual con retraso) en el 2016 con la llegada de fenómenos como el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y ahora, en el contexto de la pandemia (que ha permitido que el mundo digital gane inmenso terreno), la conversación vuelve a fijarse en el foco público con casos como el cierre de cuentas en Twitter del expresidente Donald Trump, en Estados Unidos, y el partido político VOX, en España.

¿Y por qué han causado tanto revuelo estas decisiones? Principalmente, porque la ausencia de regulaciones para dichas plataformas ha permitido que cada compañía tome a libre interpretación las represalias que mejor considere pertinente. La realidad es que, en gran medida, a los organismos legislativos les ha sido difícil seguir el ritmo de los drásticos cambios asociados a las nuevas tecnologías. Estos, más que ejecutar una estrategia para anteponerse y prepararse a las posibles transformaciones, han ido “reaccionando” a los casos durante el camino.

Respuestas nacionales ante la desinformación, protección de datos y transparencia

En Europa, por ejemplo, la respuesta de las naciones ante el problema de desinformación y transparencia en internet ha sido diversa: leyes ad hoc aprobadas en Francia, Alemania o Lituania; creación de grupos de expertos en el Reino Unido preocupados por la “injerencia externa”; generación de organismos técnicos con participación del Estado en Italia; iniciativas legislativas en Irlanda contra los denominados bots, y nuevos proyectos de ley en Croacia por el discurso de odio.

Puntualmente en España, la legislación referente (Ley Orgánica del Régimen Electoral General o LOREG) hace pocas referencias expresas a las redes sociales. Por ello, en los últimos años, los organismos pertinentes (en este caso la Junta Electoral Central, la Agencia Española de Protección de Datos y el Tribunal Constitucional) han tratado de responder a las crecientes dudas en torno al tema, aunque debe mencionarse que los esfuerzos no han sido suficientes.

En suma, las acciones individuales mencionadas, más las decisiones provenientes de los órganos multilaterales de la región, forman parte de una acción colectiva de la Unión Europea que busca disminuir y controlar el impacto de las redes sociales en la esfera política.

Sin embargo, hoy sería incorrecto afirmar que existe una respuesta global ante las acciones de las compañías tecnológicas (aunque la tendencia parece indicar que progresivamente se irán sumando más gobiernos). Aun gran parte de los sistemas legislativos omiten o apenas mencionan explícitamente a las redes sociales o las grandes plataformas. Y en muchos otros casos, estos pretenden aplicar a los nuevos medios las mismas leyes de los medios tradicionales, lo cual naturalmente resulta en problemas de interpretación ya que las dinámicas son diferentes.

¿Regularemos las Redes Sociales?

Si bien es cierto que en los últimos años se han realizado números esfuerzos para mermar las campañas de desinformación, fortalecer las políticas de protección de datos y, en general, mejorar la transparencia de las plataformas; todavía es mucho el trabajo que queda por delante.

En definitiva, es fundamental que las administraciones instauren mecanismos que permitan crear, ejecutar y hacer cumplir las regulaciones de los nuevos medios en materia electoral y de gestión de gobierno, especialmente si consideramos el riesgo y las amenazas que acarrea el intentar anular los avances tecnológicos mientras estos continúan evolucionando y sus efectos no están del todo claros.

Es un hecho que el terreno digital continuará creciendo y hoy apenas está empezando a demostrar su verdadero potencial. Vamos a controlarlo antes de que nos controle a nosotros.


Gabriela Páez es Licenciada en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana (Venezuela) y Magíster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra (España). Actualmente trabaja como consultora de comunicación.

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Con esa misión en mente, me he desempeñado como en los campos de la diplomacia pública, la gestión de gobierno, en organizaciones intergubernamentales y en campañas políticas en Estados Unidos, Panamá y España. Escribo en Vuelta y Vuelta y brindo mis análisis de política y comunicación en La Previa de TVN Radio (Panamá).

Licenciado en Comunicación y Estudios de Retórica y Relaciones Internacionales de la Syracuse University (NY). Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra.

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